Cifras de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal especifican que el 35% de los incendios se deben a deficiencias de la seguridad eléctrica, número que puede incrementarse porque muchos casos no se denuncian o se registran erróneamente.
Los incendios y electrocuciones aumentan debido a una conjunción de escenarios que la población desconoce. Aquí tres de los inconvenientes más usuales que pueden ocasionar daños y accidentes:
El primero radica en lo obsoleto de las instalaciones eléctricas. Muchas son antiguas y no han sido verificadas ni adaptadas a las necesidades actuales de la vida cotidiana en la que el incremento del consumo eléctrico se multiplicó por seis en los últimos 25 años. Esto constituye un descuido que puede ocasionar accidentes.
En ese sentido, una encuesta realizada por la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE) reveló que el 75 por ciento de los hogares no contaba con las condiciones mínimas de seguridad eléctrica, aunque el 86% de la gente cree que su sistema eléctrico es confiable.
El segundo peligro es la fabricación, importación y comercialización de productos que están específicamente prohibidos como, por ejemplo, los ‘adaptadores’. Además, existen también quienes fabrican, importan y comercializan elementos que si bien son legales no resisten ningún tipo de control de calidad. El contexto se completa con mano de obra no autorizada que presta servicio sin el conocimiento debido generando enormes peligros y accidentes.
El tercero es el escaso control de parte de los organismos de control previstos por la ley.
Para poder mejorar la situación eléctrica, es preciso que se formule una legislación integral de alcance nacional que incluya la adecuada difusión y los controles necesarios para su correcta implementación. El objetivo debe ser instalar un sistema de vigilancia de la seguridad eléctrica que garantice a los ciudadanos su seguridad y el de sus familias.
Las instalaciones deben proyectarse, construirse y ampliarse respetando las reglamentaciones y recurriendo a electricistas autorizados quienes deben emplear materiales, aparatos y artefactos que cumplan con los requisitos de seguridad.
Asimismo, debe verificarse periódicamente que las características originales de seguridad de las instalaciones y de los materiales, aparatos y artefactos eléctricos permanezcan inalterables. Es vital, además, que la legislación sea uniforme en todo el país.
En el caso de las instalaciones en edificios nuevos el problema está resuelto. Su instalación debe cumplir con el reglamento de instalaciones eléctricas de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) y ser realizada por electricistas autorizados y supervisada a través de una inspección de final de obra que permite obtener la habilitación del edificio.
El problema más grave se encuentra en las instalaciones eléctricas domiciliarias preexistentes. Aquí es donde la difusión y la información al usuario le permitirán mejorar el nivel de seguridad de su vivienda.
Algunas medidas que deben tomarse para evitar posibles inconvenientes con las instalaciones eléctricas:
• Llevar a cabo un plan de reconversión por etapas en las instalaciones eléctricas anteriores a 1998 en la cual debería contemplarse la provisión centralizada de la puesta a tierra por parte de la distribuidora de energía eléctrica en el punto de medición.
• Intensificar las acciones de difusión y educación para facilitar a los usuarios la readecuación de las instalaciones eléctricas, de lograr conciencia en los consumidores de todo el país sobre la conveniencia de esa actualización, de adquirir productos eléctricos certificados y sobre la necesidad de derivar sus trabajos de mantenimiento eléctrico en electricistas autorizados.
• Mejorar la forma, el alcance y la aplicación de la fiscalización.
• Proponemos que las empresas distribuidoras de energía eléctrica procedan del mismo modo que las de de gas, que verifican, tanto la calidad como la seguridad de la instalación previamente a la conexión del servicio y hasta tanto no estén cumplidas las normas de seguridad no proveen la prestación.
• Establecer una reglamentación que estipule que para la transferencia de todo inmueble se requiera el plano aprobado por un electricista autorizado que acredite que la instalación se encuentra adecuada a las normas de seguridad eléctrica. Es decir que esa propiedad es segura desde el punto de vista eléctrico para su comprador.
Por: Ramiro Prodán (Presidente de CADIEEL)
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